A más de 53 años de uno de los episodios más dolorosos de la historia de la comuna, la justicia dictó una condena de presidio perpetuo contra un teniente coronel en retiro del Ejército. Entre las víctimas se encontraba un adolescente de apenas 17 años.
Una importante resolución judicial marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la comuna de Futrono durante la dictadura militar.
La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a presidio perpetuo al teniente coronel en retiro del Ejército, Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, por su responsabilidad como autor de 17 homicidios calificados perpetrados en octubre de 1973 en el sector de las Termas de Chihuío.
La sentencia, informada oficialmente por el Poder Judicial el 12 de noviembre de 2026, establece además que el condenado deberá ingresar a prisión preventiva y permanecer privado de libertad mientras se tramita el proceso, pese a tratarse de un fallo de primera instancia.
La magistrada fundamentó esta decisión en la gravedad de los delitos, la cuantía de la pena impuesta y el eventual riesgo de que el condenado pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
EL OPERATIVO QUE TERMINÓ CON LA VIDA DE 17 TRABAJADORES
De acuerdo con los antecedentes establecidos durante la investigación judicial, los hechos se remontan al 9 de octubre de 1973, en los primeros meses posteriores al golpe de Estado.
En aquella jornada, una comitiva de aproximadamente 90 efectivos de los regimientos de Caballería N.º 2 Cazadores y de Artillería Motorizada N.º 2 Maturana, ambos con guarnición en Valdivia, se desplazó hasta Futrono y distintos sectores rurales de la zona.
El operativo contempló detenciones de campesinos y trabajadores forestales en Futrono, Curriñe y Chabranco. Algunas personas habían sido detenidas previamente por Carabineros y entregadas a los militares, mientras que otras fueron aprehendidas directamente durante el recorrido de la comitiva.
Las 17 víctimas, vinculadas principalmente al Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, fueron trasladadas hasta las Termas de Chihuío, donde permanecieron detenidas y amarradas con alambres en dependencias de la casa patronal de un fundo.
Durante la noche del 9 de octubre fueron sacadas del recinto y conducidas hasta un sector boscoso ubicado a aproximadamente 500 metros del inmueble.
Allí fueron ejecutadas mediante ráfagas de fusilería, sin que mediara procedimiento judicial alguno.
ENTRE LAS VÍCTIMAS HABÍA UN ADOLESCENTE DE 17 AÑOS
Uno de los antecedentes más estremecedores de esta causa es la historia de Fernando Adrián Mora Gutiérrez, quien tenía apenas 17 años.
El adolescente era hijo de Sebastián Mora Osses, también detenido durante el operativo.
Según los antecedentes de la investigación, Fernando fue detenido después de intentar averiguar qué había ocurrido con su padre.
Ambos terminaron entre las víctimas de estos asesinatos.
CUERPOS SEPULTADOS CLANDESTINAMENTE Y RESTOS QUE AÚN NO APARECEN
La investigación también permitió establecer que los cuerpos permanecieron durante varios días en el lugar de las ejecuciones y posteriormente fueron enterrados clandestinamente en tres fosas comunes.
Tiempo después, los restos fueron removidos por terceros no identificados, en una acción destinada a ocultar las evidencias de los crímenes.
Las posteriores diligencias arqueológicas, antropológicas y judiciales permitieron recuperar fragmentos óseos, vestimentas, calzado y objetos personales que confirmaron la presencia de las víctimas en el lugar.
Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible establecer el paradero de los restos que fueron retirados clandestinamente.
Esta situación mantiene una herida abierta para las familias, que durante décadas han debido enfrentar la incertidumbre de no poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos y darles una sepultura digna.
UNA CONDENA QUE MARCA UN NUEVO CAPÍTULO EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA
La resolución de la ministra Paola Plaza representa un avance judicial de enorme importancia en una causa que durante décadas ha formado parte de la memoria histórica de Futrono y de la Región de Los Ríos.
No obstante, es importante precisar que se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que todavía puede ser objeto de los recursos judiciales correspondientes.
La condena a presidio perpetuo y la orden de ingreso a prisión constituyen un nuevo paso en el reconocimiento judicial de los crímenes cometidos contra campesinos y trabajadores de nuestra zona durante 1973.
FUTRONO NO DEBE OLVIDAR SU HISTORIA
Hay acontecimientos que no pueden quedar solamente en los expedientes judiciales ni en las páginas de los libros de historia.
Detrás de estos 17 asesinatos había personas con familias, hijos, padres, trabajos y proyectos de vida. Eran hombres vinculados al mundo campesino y forestal de nuestra tierra, cuyas vidas fueron arrebatadas en circunstancias que marcaron para siempre a sus comunidades.
Más de cinco décadas después, la justicia vuelve a pronunciarse sobre aquellos hechos. Pero mientras no se conozca el destino de los restos de las víctimas, habrá familias que seguirán esperando una respuesta.
Porque recordar no significa reabrir heridas: significa reconocer lo ocurrido, respetar a quienes ya no están y evitar que una historia como esta vuelva a repetirse.
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